El coco de la sobrerrepresentación… ¿o de la mera representación?

El coco de la sobrerrepresentación… ¿o de la mera representación?

Estamos frente a una crisis de representación en México, sin duda. Esta crisis tiene varias aristas y, me parece que, la más grave de ellas no es la llamada sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, sino la falta de representación de los partidos políticos ─en este caso, encarnada en los legisladores─ frente a sus electores.

¿A qué me refiero? A la absoluta desvinculación de los actores políticos de los ciudadanos a los que dicen —y están obligados a— representar. La componenda cupular, ya sea de los presidentes de partido o de los líderes de los grupos parlamentarios, y el transfuguismo[1] son prácticas añejas, casi inherentes, al sistema político mexicano. Tan normalizado está que no hay regulación, que se aplique, para limitarlo. Esta conducta que no ha tenido costo alguno para la clase política es la causa principal de este embrollo y no las reglas imperfectas de nuestro sistema electoral.

Hoy nos llamamos a sorpresa por el poder de forma constitucional de la coalición en el poder, pero en mayo de 2019 —cuando no tenían esta fuerza— lograron modificar la Carta Magna para echar atrás la reforma educativa y desaparecer al órgano autónomo de evaluación, el INEE,[2] con los votos del PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Acaso su electorado apoyaba esta decisión? ¿El mismo electorado que, según ellos, los respaldó para suscribir el Pacto por México que incluía la reforma educativa? ¿Cuál es el mandato de su representación? El peso de esa pregunta hoy adquiere un cariz especial, pues los candidatos creen que al ser electos gozan de carta blanca para perseguir sus intereses personales —o de grupo—, más allá de las preferencias de sus votantes. O de qué otra manera explicarse la facilidad con la que un senador de primera minoría (segundo lugar en la entidad) se integra a la coalición del régimen dejando a su electorado sin voz. Peor aún, cuando obtuvieron su escaño producto de una coalición (PAN-PRI-PRD) que se presentó como una alternativa al régimen. La responsabilidad de los partidos es el centro de la cuestión.

La mayoría aplastante: poder de reforma constitucional

Desde que el TEPJF resolvió la validez de la integración de la Cámara de Diputados en 2024, la sobrerrepresentación ha estado en el centro del debate: ¿acaso con el 54% de los votos otorgados[3] es legítimo contar con 73% de las curules? Dejo de lado la discusión sobre si el sistema mixto, ya que en ello se ha concentrado la deliberación pública profusamente.

in embargo, las reglas electorales de integración del Senado se han soslayado del debate. Con el 57% de los votos, la coalición del régimen obtuvo 65% de los escaño. En ese cuerpo legislativo también ocurre una distorsión de la representación,[4] solo que no hay límites de sobrerrepresentación que deban verificarse. Lo anterior responde a una naturaleza distinta: su representación está ligada al pacto federal originario donde lo que importa es el equilibrio entre las partes. Cada entidad tiene tres escaños (32 x 3 = 96) y se complementa con 32 senadores de representación proporcional. Parecería entonces que las reglas funcionan, tanto que, en el Senado la mayoría calificada de 2/3 no se alcanzó. Esto no es una casualidad. Por ello, merece la pena revisar el diseño institucional del Senado en su integración, para comprenderlo a cabalidad.

Como plantee en un inicio, la raíz del problema apunta a otro lugar: los partidos políticos, en particular aquellos opositores al régimen, si es que tenían entre sus objetivos ser un freno a un poder omnímodo de alteración a la Carta Magna y participar de la deliberación legislativa. Este debería ser el centro del debate: ¿cuál fue la (ir)responsabilidad de los partidos?

El control absoluto que del Poder Legislativo tiene la coalición gobernante se debe a la falta de responsabilidad de los partidos políticos: sus cúpulas y candidatos. Por un lado, dirigencias partidistas con estrategias políticas y electorales que costaron, al menos, un par de escaños. Por el otro, candidatos sin el menor sentido de pertenencia o adhesión al partido y sin ninguna responsabilidad frente a su electorado, o con un entendimiento de la «representación» que comprende el transfuguismo:[5] el oxímoron político.

El problema de fondo

La integración del Poder Legislativo planteó un dilema aparente: ¿es legítimo que una fuerza política (coalición en el poder: una sola visión) tenga control para modificar la Constitución, anulando en los hechos la pluralidad política de la sociedad mexicana? La respuesta parece obvia: no. Y por eso, la discusión sobre las reglas. Que sin duda es importante, pero no es urgente.

El problema radica en otro lugar. La alianza PT-PVEM-morena logró contar con el 73% de los diputados, pero en el Senado se quedó en 65%: no tenía capacidad de reforma constitucional.

La buena noticia es que el modelo funciona, pues había un dique de tres senadores para garantizar que las reformas constitucionales fueran discutidas y de consenso.

Ese dique implosionó un día antes de rendir protesta, cuando los dos únicos senadores del PRD,[6] a saber, Araceli Saucedo de Michoacán y José Sabino Herrera de Tabasco anunciaron su incorporación al grupo parlamentario de morena. Días después, el 10 y 11 de septiembre con la votación de la reforma al Poder Judicial, en las horas aciagas de la discusión, la ausencia de Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano (senador por Campeche)[7] parecía poner fin al trance, pero el voto decisivo llegó con el salto de Miguel Ángel Yunes del PAN, senador por Veracruz.[8]

Todos los partidos de oposición contribuyeron al desastre. El PRI no figuró en un primer momento, aunque hubo rumores, pero un par de meses después se concretó el brinco: Cynthia López Castro —senadora por la Ciudad de México—[9] se incorporó a morena.

Los cuatro tránsfugas a morena fueron candidatos de la coalición PAN-PRI-PRD. Esto es, en sus entidades, llegaron al Senado por ser la segunda preferencia política: ¿dónde quedó la representación de 36.2% de chilangos, 32.2% de michoacanos, 13.6% de tabasqueños y 28.6% de veracruzanos? ¿Cómo entienden la representación los legisladores? Con su decisión personalísima anularon la decisión de casi cuatro millones de mexicanos que no coincidían con la propuesta político-electoral de la coalición en el poder.[10] ¿Cómo decidieron las candidaturas las cúpulas de los partidos? ¿Qué compromiso es exigible dentro y fuera de los partidos?

La discusión actual debería de centrarse en los mecanismos que los partidos políticos van a establecer al interior —que no dependen de una reforma electoral— para garantizarle a sus votantes que habrá congruencia en lo que ofrecen al pedir el voto y su actividad legislativa. Es más que disciplina partidista, un paso anterior: que entiendan y carguen sobre sus hombros lo que conlleva la representación.

Integración del Senado: ¿un diseño blindado?

El Senado se conforma por 128 miembros: tres senadores por entidad por voto directo y 32 de una lista de representación proporcional (RP) nacional. En cada entidad, el partido o coalición más votado obtiene dos lugares (64) y el segundo lugar de votación, accede a un escaño (32), mientras que los 32 pluris se reparten con proporcionalidad pura entre todos los partidos con más del 3% de la votación.

Así, por diseño, el Senado parecería estar blindado a que una fuerza política controlara dos terceras partes para contar con poder de reforma constitucional. Si una fuerza política gana todas las entidades tendría la mitad del Senado (64 escaños de mayoría relativa, MR) y en automático, la oposición una cuarta parte al ocupar el segundo puesto (32 escaños).

El quid yace en la representación proporcional. Para alcanzar dos terceras partes (86 senadores) del Senado, la fuerza política dominante requeriría 22[11] de 32 senadores posibles de RP. Para que eso acaeciera necesitaría el 69% de los votos en todo el país.[12] Es decir, aritméticamente posible, pero que en sí mismo exige más que los dos tercios (66%) de poder de reforma constitucional, esto es: de darse, el mandato de la ciudadanía sería claro para contar con esa facultad.

Si este es el diseño, ¿cómo es posible que la fuerza ganadora (la coalición del régimen: PT-PVEM-morena) contara con 83 senadores equivalente al 65% de la Cámara y a tan solo tres de la mayoría calificada? Aquí no hay reglas de sobrerrepresentación, ni trasvase de votos que valga.

Esta distorsión se explica por dos razones: primero, porque la coalición en el poder compitió por separado en 12 entidades y en Chiapas y Oaxaca obtuvo los dos primeros lugares;[13] y segundo, porque la oposición no constituyó un solo bloque —Movimiento Ciudadano participó en solitario— y PAN-PRI-PRD dejaron fuera de la coalición dos entidades, error garrafal e incomprensible, como veremos a continuación.

Los resultados electorales

Más allá de las personas, también hubo un error de estrategia de los partidos. Si revisamos los resultados, resulta que en las dos únicas entidades en que no se aliaron PAN-PRI-PRD perdieron dos escaños:

• En Guanajuato, el PAN quedó en segundo lugar con 39.4%, a solo cuatro puntos de la coalición ganadora PT-PVEM-morena (43.3%) cuando los votos del PRD y PRI sumaron 6.9%. De aliarse, el primer sitio les daba dos escaños y no uno, como ocurrió.

• En Oaxaca, donde la alianza del régimen se dividió y se quedó con los tres escaños (47.9% de votos para morena y 12.8% para el PVEM). Agregados PAN-PRI-PRD recibieron 15% de las preferencias, una simpatía exigua para un estado por décadas priista, pero suficiente para ocupar el segundo lugar. Otro escaño perdido.

¿Qué valoración hicieron las dirigencias para tomar esta decisión? ¿Acaso Guanajuato es un bastión más sólido para el PAN que Querétaro donde sí hubo alianza? En Guanajuato, además, se eligió la gubernatura: el PAN —en coalición con el PRD y el PRI— ganó con 51.2% de las preferencias. Aún más inexplicable la decisión de estos partidos de no aliarse para el Senado. Por separado obtuvieron 39.4% (PAN) 5.9% (PRI) y 0.9% (PRD), en suma 46.3% de los votos, lejos de la votación de la gobernadora, pero suficiente para ser la primera fuerza. ¿Dieron Oaxaca por perdido desde antes de hacer campaña? ¿La política local venció a la estrategia nacional? ¿No anticiparon lo dividido que iba a quedar el Congreso?[14]

Cinco senadores —en lugar de tres— hubiesen sido una contención más robusta y difícil de vencer.

Aunado a lo anterior, los partidos políticos de oposición nos han quedado a deber una explicación de lo que pasó durante la campaña en el despliegue territorial que efectuaron. Solo en dos de las nueve entidades que gobernaba la oposición en junio de 2024, la coalición PAN-PRI-PRD pudo conseguir el triunfo: Aguascalientes y Querétaro, de gobierno panista.

En las siete restantes, la alianza del régimen (PT-PVEM-morena) ganó con resultados sorprendentes:

*Entidades que también tuvieron elección de gubernatura.
Fuente: Instituto Nacional Electoral

Llama poderosamente la atención que en entidades con una identificación partidista histórica como Chihuahua y Durango —y aún encabezando el ejecutivo local—, la alianza del régimen (PT-PVEM-morena) sea una fuerza dominante: mayoritaria plena.

El caso de Yucatán se entiende mejor con la postulación de un cuadro panista a la gubernatura y la realineación de fuerzas en el estado. Además del cambio de gobierno (51.5%), ganaron la elección al Senado con la misma fuerza.

De igual forma, son casos de estudio Jalisco y Guanajuato donde los electores dividen el voto, tanto que Movimiento Ciudadano refrendando la gubernatura no pudo conseguir ni un senador del estado, quedó en tercer lugar. ¿Se trata de un votante sofisticado o de negociaciones de grupos políticos locales?

¿Qué sigue?

Frente a la concentración del poder que estamos viviendo, el primer objetivo debería ser frenar la capacidad de reforma constitucional y eso se puede conseguir con las reglas actuales en la siguiente integración del Senado en 2030. No hay reforma electoral posible que revierta el equilibrio de fuerzas en 2027 para desandar lo andado.

Abrir la caja de Pandora puede dejar a los partidos sin recursos suficientes para competir en igualdad de condiciones. No solo por un menor financiamiento público, sino por una modificación en los tiempos del Estado (radio y TV) que se destinan al proceso electoral. Ya vimos una disminución, sin base constitucional, de la mitad de este tiempo de propaganda en la elección judicial. Sabemos de sobra que la industria aboga por este tema desde siempre y que, en el sexenio pasado, López Obrador ya les concedió una reducción en los tiempos fiscales. La difusión en radio y televisión es vital para toda campaña electoral.

Más que insistir en modificar o anular las reglas de sobrerrepresentación actuales o mejorar el diseño de integración del Congreso, se requiere atender la crisis de representación de los partidos de oposición. Se les debe exigir actuar conforme a sus documentos básicos (principios, programa de acción y estatutos) y plataformas electorales, y asegurarse que las personas postuladas están comprometidas con esa visión, con la que piden el voto. Hay una responsabilidad de las dirigencias partidistas. Rendir cuentas es ofrecer soluciones que dependen únicamente de sus propios partidos: ¿cuáles van a ser las reglas de selección de candidatos y de coalición electoral que inhiban el transfuguismo? ¿Cómo van a llevar a cabo sus estrategias políticas para que la oferta nacional a los votantes esté alineada con el trabajo electoral en lo local?

Desde la sociedad debemos exigir a los partidos políticos mecanismos que pueden ayudar a construir confianza y credibilidad. Poner el foco de atención en ellos, su responsabilidad y sus futuras decisiones.

El problema que tenemos hoy en México no se resolverá ni con una mejor interpretación de la norma, ni con mejores reglas, mientras sigamos con partidos de «oposición» que confunden diálogo con connivencia.

Semblanza

Paola Mendoza Mejía es especialista en temas político-electorales. Estudió Relaciones Internacionales en El Colegio de México y un máster en Filosofía de la Historia en la Universidad Autónoma de Madrid. Con más de 20 años de experiencia, ha colaborado en programas de investigación y como asesora en el ámbito legislativo. Fue directora de política criminal en la FEPADE y Coordinadora de Asesores de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE entre 2016 y 2023.

Notas de Referencia

[1] Persona que abandona una organización política, empresarial o de otro género, para pasarse a otra generalmente contraria.

[2] Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación creado en 2013.

[3] Porcentaje de la votación total emitida que muestra la magnitud de las preferencias ciudadanas. Si tomamos los datos de la votación nacional emitida (que sustrae los votos de los partidos que no obtuvieron el 3% [PRD], los votos de candidaturas independientes, los votos nulos y los votos de candidaturas no registradas), con la que se lleva a cabo la asignación, el número aumenta a 58%, cifra que únicamente sirve para esos efectos.

[4] Si es que pensamos necesariamente en la integración del cuerpo colegiado como un reflejo fiel de los votos recibidos en el país como unidad.

[5] Valga como hipótesis aventurar que en la clase política mexicana tiene una concepción de la «representación» en clave patrimonialista, solo así el transfuguismo dejar de ser una traición, una irresponsabilidad o una falta de representación para ser un elemento que le permite alcanzar su plenitud.

[6] Obtenidos en primera minoría mediante lo establecido en el Convenio de coalición.

[7] Senador de primera minoría.

[8] Senador de primera minoría postulado por la Coalición PAN-PRI-PRD.

[9] Senadora de primera minoría postulado por la Coalición PAN-PRI-PRD.

[10] Todos los datos sobre los resultados electorales son del cómputo distrital del INE considerando las sentencias del TEPJF.

[11] La diferencia entre los 86 senadores que constituyen la mayoría calificada y los 64 de MR que podría obtener una fuerza política que arrasará con el primer lugar de las preferencias en todas entidades.

[12] Ya hemos dicho que la RP se conforma de una única lista nacional que distribuye 32 lugares conforme a votación nacional. En 2024: PAN 6 senadores (18.15% votos), PRI 4 senadores (11.72%), PT 2 senadores (5.77%), PVEM 3 senadores (9.62%), Movimiento Ciudadano 3 senadores (11.72%), morena 14 senadores (43.96%). El PRD no entra al reparto por no alcanzar el umbral del 3%. Los porcentajes son de Votación Nacional Emitida que solo incluye a los que tienen derecho al reparto.

[13] Es decir, los tres senadores de Chiapas y los tres de Oaxaca pertenecen a morena y el PVEM. La voz de oposición de esas entidades es inexistente en el Senado. Este fenómeno pone sobre la mesa la pertinencia de eliminar las coaliciones flexibles (25% o más de candidaturas), parciales (50% o más de candidaturas) y solo mantener las coaliciones totales (100% de candidaturas).

[14] Cada partido político valora la conveniencia de coaligarse. No obstante, si todos los partidos de oposición coinciden en que la principal ─y mayor─ amenaza es la mayoría calificada al hacerlos irrelevantes y prescindibles, entonces una gran coalición es condición necesaria para que el Congreso recupere su autonomía frente al Ejecutivo. Si Movimiento Ciudadano se hubiera aliado al PAN-PRI-PRD hubieran obtenido siete senadurías adicionales: seis al ocupar el primer lugar en Campeche, Coahuila, Jalisco, Nuevo León y Zacatecas; y una con la senaduría de primera minoría en Chiapas, donde a la coalición del régimen le alcanzó para participar por separado y ganar primero (morena) y segundo lugar (PVEM). Incluso el PT obtuvo más votos que MC.

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