El costo oculto de la reforma electoral: El fin de la educación cívica

EL COSTO OCULTO DE LA REFORMA ELECTORAL: EL FIN DE LA EDUCACIÓN CÍVICA

Iris Adriana Vitales Mota

Especialista en ciencias jurídicas y sociales

Durante décadas, México aprendió una lección difícil: las elecciones no bastan para sostener una democracia. También se necesitan ciudadanos informados, instituciones confiables y una cultura política que entienda el valor del voto. Por eso resulta preocupante que, en el debate actual sobre la reforma electoral, uno de los primeros rubros en sacrificarse sea precisamente la educación cívica.

Reducir las funciones del órgano electoral a la simple organización de elecciones implicaría regresar a un modelo institucional minimalista donde la autoridad electoral se limita a instalar casillas, contar votos y declarar resultados, pero renuncia a una tarea fundamental para la salud democrática: la formación de ciudadanía.

La experiencia mexicana demuestra que eso no es suficiente, durante décadas, la construcción democrática del país no solo se sostuvo en la profesionalización de la organización electoral, sino también en una tarea permanente y activa de educación cívica. Programas impulsados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y anteriormente como Instituto Federal Electoral (IFE) han buscado fomentar valores de participación ciudadana, democráticos, y de cultura política entre la población.

En México, la educación cívica electoral ha sido responsable de iniciativas que van desde la capacitación de millones de funcionarios de casilla (que son propiamente parte de la capacitación electoral) hasta ejercicios de participación como la Consulta Infantil y Juvenil, que ha involucrado a millones de niñas, niños y adolescentes en procesos de expresión democrática.

Esta estrategia no surgió por casualidad. Fue el resultado de una larga evolución institucional iniciada tras las crisis de legitimidad electoral de finales del siglo XX y consolidada después de reformas como la de 1996, que fortalecieron la autonomía del árbitro electoral. A partir de entonces, el sistema electoral mexicano asumió que la democracia no se limita al día de la votación, sino que requiere ciudadanía informada, crítica y participativa.

Los datos respaldan esta visión. En las elecciones federales de 2018 (consideradas las más grandes en la historia del país) la participación alcanzó alrededor del 63% del padrón electoral, una de las cifras más altas desde la transición democrática. Incluso en contextos complejos, como el proceso electoral de 2021 marcado por la pandemia, la participación superó el 52%. Estos resultados no pueden explicarse únicamente por la competencia política ya que también reflejan años de inversión en cultura cívica, confianza institucional y educación democrática.

Desde esta perspectiva, cancelar sustancialmente los programas de educación cívica implicaría algo más que un ajuste presupuestal. Significaría debilitar uno de los pilares silenciosos de la democracia mexicana: La ciudadanía. La democracia puede funcionar con menos dinero (mientras esto no implique asfixia), lo que difícilmente puede sostenerse es una democracia con menos ciudadanos conscientes de su valor.

Porque cuando se recorta la educación cívica, el ahorro es inmediato pero el deterioro democrático tarda años en repararse y recuperarse. El impacto es fatal y el costo real de esta reforma electoral que elimina por completo estas funciones para el INE no se mide únicamente en pesos dentro del presupuesto público. Se mide en menor participación ciudadana, menor conocimiento de derechos políticos y mayor vulnerabilidad frente a la desinformación y el clientelismo electoral.

Diversos estudios en ciencia política han demostrado que las democracias con instituciones electorales que promueven activamente la educación cívica tienden a registrar mayores niveles de participación, mayor confianza en los procesos electorales y menor tolerancia hacia prácticas antidemocráticas.

México no es la excepción por lo que, renunciar a esta actividad implicaría retroceder hacia un modelo donde el órgano electoral actúa como un simple administrador técnico de elecciones, pero deja de lado su papel como promotor de ciudadanía democrática, informada y participativa.

La paradoja es evidente, mientras el país enfrenta problemas estructurales de desinformación, polarización política y desconfianza institucional, los programas orientados a fortalecer la cultura democrática comienzan a desaparecer del debate presupuestal. Y no se trata de un tema menor, implica un golpe a la democracia, ya que esta no se sostiene solo con urnas, se sostiene con ciudadanos.

Por ello, el debate sobre la reforma electoral no debería centrarse únicamente en cuánto cuesta el árbitro electoral. La pregunta más relevante es otra: ¿cuánto le costaría a la democracia mexicana prescindir de la educación cívica?

México puede decidir tener un árbitro electoral más barato. Lo que no debería aceptar es tener una democracia con menos ciudadanos capaces de defenderla.