La omisión como imposición de una mayoría política

La omisión como imposición de una mayoría política

En los últimos años desde la mayoría legislativa se le han dado dos usos a la Constitución: como un instrumento para la imposición de una única visión y como un texto legal de menor rango que se puede omitir en la toma de decisiones.

De cara a la reforma electoral estamos frente a este segundo escenario, en donde una mayoría parlamentaria decidió omitir los acuerdos que se habían llevado a la constitución producto de un consenso. El proceso de designación de las consejerías electorales hoy lo encontramos en el artículo 41 constitucional y busca cuidar el correcto funcionamiento del juego democrático.

Se ha omitido emitir la convocatoria para iniciar el proceso para la designación de la sustitución de los espacios en el Consejo General del INE. Esto no es producto de una distracción, es parte del actuar de la mayoría legislativa cuando busca controlar o modificar la integración de las instituciones.

Ya tenemos precedentes que nos deberían de alertar frente al NO actuar del poder legislativo. Uno de ellos lo encontramos en la reforma constitucional denominada “simplificación orgánica”, con la que decidieron eliminar a la autoridad garante del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales (INAI); antes de desaparecer al INAI, el Senado incurrió en una grave omisión sobre el nombramiento de los comisionados del INAI; así, la extinción de este órgano llegó sin que la designación ocurriera.

La intención es clara: la parálisis de las instituciones y una futura reforma constitucional, lo que resulta preocupante, en los hechos tenemos una decisión política que se encuentra por encima de sus obligaciones constitucionales y también de las decisiones del órgano garante del cumplimiento de los mandatos constitucionales, pues la experiencia nos recuerda que también dejaron de obedecer a la SCJN que les ordenó realizar el nombramiento a los comisionados faltantes, para no afectar el funcionamiento del desaparecido INAI.

El tema de un Instituto Nacional Electoral incompleto debería de preocupar a la ciudadanía, estamos de cara al inicio del proceso electoral 2026-2027, que será la elección más grande y no contar con la autoridad electoral pone en riesgo el ejercicio y garantía de los derechos político electorales.

Los precedentes no son esperanzadores y menos con un poder judicial que parece tener una visión política. Hoy se deberían de buscar los medios por los que se active el proceso de renovación del Consejo General o en los hechos se reformará su integración no por el mecanismo para las reformas constitucionales sino con el capricho de una visión política que desprecia la pluralidad y al estado de derecho.